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El “Estado-canalla” dominicano y las pensiones
Por Angel Moreta / Debate Plural
Las nuevas élites económicas y políticas surgen en su accionar de la influencia norteamericana y la presencia de EEUU en territorio nacional.
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Utilizando una calificación de Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), en su obra “El contrato social”, al referirse a aquel Estado que no respeta el contrato social, podemos hablar en el caso específico de República Dominicana, de un Estado supuestamente “democrático y de derecho”, dominado por élites de los partidos tradicionales clientelistas que hoy dominan el escenario político nacional.
Esas élites o grupos autárquicos, o grupos de intereses, se encuentran asociadas con las altas jerarquías eclesiásticas desde la década del 70, incluyendo el empresariado financiero, industrial, comercial y de exportación y el sector agro ganadero, formando un conjunto que a su vez domina al Estado dominicano, modelándolo en los términos de Juan Jacobo Rousseau, como un Estado-canalla. En este caso, el Estado corporativo y autoritario que gobierna esencialmente a través de jerarquías que sirven de soporte a la hegemonía de las élites en su continua y prolongada actividad de reparto del presupuesto nacional y de la riqueza pública.
El fundamento viene a ser la apoyatura en una Constitución corporativa y autoritaria como la del 2010, que cierra y ha cerrado el camino de la participación popular que requiere de mecanismos como la asamblea constituyente, el referéndum, la consulta popular y un Poder Judicial preponderantemente independiente con respecto al ejercicio partidario de los gobiernos que se suceden cada cuatro años.
El pueblo dominicano requiere una reforma de la Constitución de 2010, la cual se presenta engañosamente como defensora de un llamado “Estado social de derecho”; una Constitución engañosa, corporativa y autoritaria, que hace posible día tras día la concentración de capitales y de los poderes públicos, la inequidad y la injusticia social, la detentación hegemónica del control del Estado, monopolizado y esclavizado como instancia que beneficia en su accionar el enriquecimiento ilícito y el robo a favor de esas élites corporativas que utilizan el poder político para cada día más destrozar y descuartizar el presupuesto nacional, el patrimonio público y procurar el reparto de beneficios y capitales estatales.
Existe un sistema de corrupción en República Dominicana caracterizado por contrataciones públicas sin o con licitaciones, negociaciones espùreas entre funcionarios que hoy tienen los bolsillos llenos de dólares producto del tráfico de influencias y de la actividad delictiva; y producto también de relaciones de poder con empresas extranjeras que tienen inmensas propiedades inmobiliarias respaldadas en títulos falsificados o dudosos e ilegales, e inversiones fáciles y tráfico ilícito de capitales provenientes de actividades ilegales, y nadie, incluyendo a los partidos tradicionales, hablan de combatir la impunidad.
Las nuevas élites económicas y políticas surgen en su accionar de la influencia norteamericana y la presencia de EEUU en territorio nacional.
Los partidos tradicionales no trajeron ni traen nada nuevo al pueblo dominicano y el proceso de acumulación de riquezas se produce entonces desde la política, y aquí está el origen de la corrupción que hoy vivimos en RD. Se forma la relación: funcionarios-tráfico de influencia-trafico de información privilegiada-crímenes económicos y políticos desde el Estado. Las nuevas élites han tomado el Estado como centro del enriquecimiento ilícito y del proceso de acumulación y de reacumulación capitalista.
De este modo, se consolida la corrupción; no hay contratación pública que no esté teñida de ese tejido y de tráfico de influencia. A la luz de esas prácticas tóxicas y fraudulentas, el Estado dominicano ha sido encaminado lentamente hacia el robo, el peculado, el fraude, el crimen, el lavado, el tráfico de influencias, la concusión y la prevaricación.
Se ha instalado entonces en la sociedad dominicana el modelo neoliberal primordialmente a partir de 1996, como dominante dentro del capitalismo subdesarrollado dominicano. El modelo neoliberal consiste en una expansión ilimitada de los mercados, sin freno ni condición alguna, en la cual los empresarios e inversionistas al más alto nivel, persiguen ventajas desmedidas tal como la propuesta para modificar el código de trabajo de 1994, en el sentido de reducir conquistas como la de los tres meses de disfrute de la licencia pre y post natal; el congelamiento de niveles salariales; la imposición de horarios atropellantes a conveniencia de las empresas capitalistas; la prohibición tácita de la organización de los trabajadores en sindicatos o cooperativas; la utilización de los fondos de pensiones y jubilaciones por parte de los bancos que disfrutan de esos valores millonarios a sus anchas, para la expansión de sus inversiones; el aumento incontrolado de los precios de la canasta familiar, como si se tratara de una “reforma fiscal” permanente e indetenible.
Los fondos de pensiones constituyen hoy día un terreno lleno de trampas, engaños, promesas incumplidas y abusos e inequidades. Es un sistema inicuo que ha sido analizado últimamente en medios de comunicación, en los cuales se muestra la necesidad de una reforma constitucional, dada la importancia social que tiene este problema.
La directora de la DIDA ha mencionado las trampas que impiden que la familia de un cotizante reciba la devolución de aportes cuando este fallece, de igual modo, el gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (SNSS), reconoció las debilidades del sistema de pensiones y convocó a un congreso, afirmando que el país todavía estaba a tiempo para la corrección de las fallas.
Y el sindicalista Rafael Abreu ha afirmado que el dinero que los trabajadores aportaban al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), para sus pensiones, “se escapó como el agua entre los dedos”, y que nadie ha dado cuenta del destino que han sufrido esos recursos millonarios.
El sistema de pensiones constituye un régimen de exacción, expropiación y engaño contra la población trabajadora. Basta marcar los siguientes datos:
1- del 2003 a junio de 2017 en la DIDA se recibieron 43,460 quejas y reclamaciones del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, de las cuales 7,769, equivalentes al 18 %, son casos que permanecen abiertos sin solución definitiva.
2- las causas más frecuentes de las reclamaciones son: la solicitud de traspaso del Régimen de Capitalización Individual al Régimen de Reparto por Derecho Adquirido.
3-  tardanzas en la entrega de pensiones por vejez de parte del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), y Ministerio de Hacienda.
4- afiliación de manera irregular en una AFP y Denegación de Devolución de Aportes y en la entrega de certificaciones.
La mayoría de los dominicanos sienten temor de llegar a la vejez sin ninguna protección, y las trabas y limitaciones que tiene el sistema de pensiones establecido en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), son hechos que evidencian la real situación del derecho de pensión, como se ha reflejado en medios de comunicación del país.
5- el 70 % de los trabajadores dominicanos que hoy aporta al Régimen de Capitalización Individual no logrará percibir una pensión mínima al momento de su retiro.
6- las trabas que recibe el afiliado al momento de requerir una pensión por discapacidad, enfermedad o vejez constituyen elementos que hacen urgente la necesidad de modificar la ley 87-01 que rige el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, dadas las injusticias e inequidades del sistema imperante en el país, en el cual hay instituciones con planes privilegiados de pensiones que benefician a una pequeña parte de los servidores con altos montos de retiro, muchos de ellos con muy pocos años de servicios, y algunos de esos planes garantizan sueldos de retiro que superan 40 o 50 veces el salario mínimo del Estado.
7- Otro elemento es la falta de presupuesto, que mantiene estática la disposición de la ley que establece las pensiones solidarias o no contributivas, que van dirigidas a las personas pobres que no han aportado directamente al sistema y que al llegar a la vejez dependen de familiares o de la caridad pública.
8- el 70 % de los trabajadores del Régimen de Capitalización Individual  no logrará recibir una pensión mínima, debido a que no podrán alcanzar los 360 meses de cotizaciones, equivalentes a 30 años de aportes que establece la ley.
9- la incertidumbre o el futuro incierto de 42 mil pensionados y 40 mil solicitantes que esperan pensión en el Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS), a través del régimen de reparto cuyos montos no superan los 5,117 pesos, es una contradicción que refleja el injusto sistema de la seguridad social en República Dominicana.
10- ¿Dónde ha ido a parar el dinero acumulado en los fondos de pensiones de República Dominicana? Para poder responder esta pregunta es necesario tomar en cuenta los motivos que hemos señalado más arriba sobre el proceder y las prácticas que Rousseau llamó “Estado-canalla”.